El cobro de cuotas por enseñanza está expresamente prohibido por ley desde hace cuatro décadas. Sin embargo, esta práctica común en los centros privado-concertados, ha sido hasta la fecha tolerada por los distintos Departamento de Educación a lo largo de todos estos años.

El texto de la nueva Ley de Educación, además de reiterar la prohibición ya existente, profundiza en la garantía de gratuidad y establece medidas de control concretas que permitan la supervisión del tipo de cuotas y pagos que las familias abonan a los centros escolares.

La primera de ellas hace referencia a la creación de una unidad administrativa especifica, cuyo cometido es garantizar la gratuidad de la enseñanza. La segunda se refiere al procedimiento de aprobación de servicios escolares y la posterior publicación de las cuotas autorizadas en la web del Departamento de Educación.

Hace escasos días, a raíz de la interpelación de un parlamentario, la Consejera de Educación se ha pronunciado sobre las cuotas en los centros concertados y el contenido de su respuesta, lejos de clarificar que medidas concretas va a adoptar para cumplir la Ley, ha generado decepción y preocupación.

En lo referente a la primera medida, en lugar de concretar si su Departamento ha creado la “unidad administrativa específica” para controlar las cuotas y garantizar la gratuidad de la enseñanza tal y como lo exige la Ley, responde de manera vaga, inconcreta e inconsistente, y dice que se ha “iniciado el proceso de activación de los mecanismos de auditoria”.

En opinión de Baikara Federazioa, la Consejera de Educación debe aclarar si ha creado la unidad administrativa o en su caso para cuando está prevista su creación.

Respecto de la segunda medida, se limita a decir que cuando finalice el análisis de la información recabada de los centros concertados, el Departamento dispondrá de información contrastada para la adopción de medidas de refuerzo de control y sanción si procede.

Nuevamente la Consejera de Educación elude por completo mencionar que la Ley obliga a establecer un procedimiento de aprobación de servicios escolares y sus correspondientes cuotas y que una vez autorizadas éstas se harán públicas.

Baikara Federazioa valora negativamente el pronunciamiento de la Consejera de Educación porque nos sitúa nuevamente en un escenario de falta de determinación política para acabar con esta práctica ilegal.

Si no se concretan las medidas de control previstas en la normativa, el cobro de cuotas encubiertas seguirá siendo práctica habitual, como lo ha sido hasta la fecha.

Baikara Federazioa exige claridad, concreción y transparencia en todo los relacionado con la auditoria de las cuotas que los centros sostenidos con fondos públicos cobran a las familias.