Ayer martes, celebramos el debate “Medidas contra la segregación escolar en Cataluña” con Lidón Gasull, abogada y directora de aFFaC (la asociación de familias federadas de Cataluña), que representa al 97% de las AFA de Infantil y Primaria y el 70% de las AFA de Secundaria de la enseñanza pública, y Sheila González Motos, Doctora en Políticas Públicas y Transformación Social por la Universitat Autònoma de Barcelona, y actualmente profesora lectora del Departamento de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, que ha realizado investigaciones sobre políticas públicas relacionadas con la desigualdad educativa, y participó en la comisión para la elaboración del Decreto de admisión 11/2021.

No cabe duda de que las políticas educativas en contra de la segregación de Cataluña están siendo fuente de inspiración para el País Vasco. Así, las medidas del proceso de admisión para el próximo curso han contado con el asesoramiento del grupo GEPS de la Universidad Autónoma de Cataluña y el Gobierno vasco tiene previsto poner en marcha algunas de las iniciativas que ya se han activado en Cataluña, como un pacto contra la segregación, promover un estudio sobre coste de plaza escolar, un decreto sobre publificación o crear un Servicio Público de Educación formado por centros de titularidad pública y privada que se quede plasmado en la futura Ley Vasca de Educación.

Planificación y admisión en el País Vasco

En el reciente proceso de admisión ya se están tomando las primeras medidas. Las familias con hijos e hijas de 2 años han rellenado un cuestionario que servirá para identificarles como vulnerables o no. Los centros deberán reservar plazas para ese alumnado con el objetivo de equilibrar la composición de los centros educativos de una misma zona.

Al inicio del proceso ya hicimos una primera valoración indicando que las medidas nos parecían poco eficaces. Por una parte, ha habido una sobre oferta de plazas escolares privadas. De hecho, hay localidades en las que la privada ha ofertado más plazas que nacimientos. Por otra, la identificación del alumnado no ha sido objetiva ni controlable.

De momento no podemos realizar una valoración exhaustiva del proceso, ya que a día de hoy las Comisiones de garantías de admisión no han recibido los datos para poder hacer un seguimiento y control del proceso. En cualquier caso, tenemos claro que estas medidas deben servir para lograr centros públicos cohesionados, y para aumentar el perímetro de la escuela pública.

En cuanto al reciente decreto de planificación debemos decir que:

• Está basado en la complementariedad de las redes y no prioriza la escuela pública.
• No cumple lo que dicta la normativa básica de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes y promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.
• No permite la participación efectiva de los agentes en el control del mapa escolar.

Algunos aprendizajes de Cataluña

• El Servicio de Educación de Cataluña recogido en la LEC (2009) no ha acabado con el modelo dual público-privado, ya que ningún centro concertado se ha quedado fuera de ese servicio.
• No se pueden equiparar los centros de titularidad pública y de titularidad privada, porque operan con lógicas diferentes y la administración educativa no puede intervenir de la misma forma en unos y otros.
• La importancia de reforzar lo público. Políticas públicas como las llevadas a cabo en Barcelona, han permitido ampliar el perímetro de la escuela pública.
• Reducir la sobre oferta privada. Una oferta ajustada a las necesidades de escolarización es imprescindible para que las medidas contra la segregación escolar tengan efecto.
• Las medidas para identificar al alumnado vulnerable deben ser objetivas y controlables.
• La participación efectiva de los agentes educativos es imprescindible para para garantizar la transparencia y el control del proceso.
• Los entes locales juegan un papel muy importante en la lucha contra la segregación escolar.
• El derecho de elección de las familias no puede estar por encima del objetivo de lograr un sistema educativo cohesionado. En este sentido, es importante que se dé una equivalencia entre centros (composición, infraestructuras, servicios…).