La Orden de renovación de los conciertos educativos para los próximos seis cursos y el borrador de Decreto de planificación muestran claramente que la dirección y el objetivo prioritario de la política educativa del Departamento de Educación consiste en reforzar la educación privada-concertada, dejando la educación pública en un segundo plano.

El nuevo Decreto de planificación sienta las bases normativas para que, en los próximos años, como consecuencia de la bajada de natalidad, se cierren centros públicos de una línea tanto en el entorno urbano así como las Eskola txikiak en el entorno rural, para garantizar “una utilización óptima los recursos educativos”.

Aunque el Decreto establece que los centros públicos deberán tener al menos dos grupos por nivel, no se hace ninguna mención al tamaño mínimo de los centros privado-concertados, de modo que seguirán existiendo y se seguirán concertando y financiando con fondos públicos los centros privado-concertados de una sola línea. Por tanto, parece evidente que el criterio de utilización optima de los recursos educativos no se aplica de igual manera en los centros privado-concertados.

Por otro lado, este Decreto modifica la ratio mínima para conformar un grupo o aula en los centros privado-concertados. Esta medida, que no tiene ninguna justificación pedagógica, tiene como objetivo mantener un nivel de concertación educativa que no se corresponde con el contexto de bajada de natalidad actual, evitando el cierre de aulas en los centros privado-concertados. Es claramente un rescate económico de las patronales de centro educativos religiosos y de las ikastolas privadas, poniendo en evidencia una vez más que, aunque estos centros se financian con fondos públicos, no se les aplica el criterio de optimización de recursos públicos.

Por si esto no fuera suficiente, el mes de agosto, el Gobierno vasco ha modificado los módulos de concertación educativa, aumentando la financiación a los centros privado-concertados, sin que a fecha de hoy se conozcan las razones o estudios económicos que justifiquen dicha modificación.

El nuevo Decreto de planificación no garantiza que los municipios que actualmente solo cuentan con oferta educación privada-concertada, dispongan en lo sucesivo de centros públicos. En la actualidad no todos los municipios con oferta educativa cuentan con centro de titularidad pública y este Decreto no contempla ninguna medida concreta que modifique esta situación. En la CAV existen 8 municipios (5 en Gipuzkoa, 2 de Araba y 1 en Bizkaia) que solo ofertan educación privada-concertada.

Por otro lado, esta misma norma permite que, si en una misma zona escolar coexisten varios centros públicos, se cierre alguno de ellos, mientras que el número de centros privados de la misma zona siga inalterable. Una vez más, las reglas de juego no son las mismas para los centros públicos y privado-concertados.

A esto hay que añadir la escasez de oferta educativa pública actual. Así, En Bilbao y Donostia la oferta de puestos escolares públicos en la etapa de infantil  es inferior al 50% y en Gasteiz llega a un ajustado  50% .  Asimismo la oferta pública  para la misma etapa  en la mayoría de municipios donde concurren oferta pública y privada se sitúa muy por debajo del 50% de la oferta total.

Queda claro por tanto que el Decreto de planificación no recoge ningún tipo de medida  que permita ampliar el perímetro de la  escuela pública, tal y como se recoge en el Pacto Educativo, ni tampoco concreta medida alguna para corregir esta situación de desequilibrio en la oferta.

A pesar de que la ley orgánica y la Ley de la Escuela Pública Vasca establecen que los agentes educativos tienen derecho a participar en la confección de la planificación educativa, el Departamento de Educación ha hecho caso omiso a los distintos requerimientos realizados por EHIGE y representantes de los Consejos Escolares de los centros públicos.

Esta conculcación del derecho a la participación demuestra además que el Departamento de Educación no hace suyo uno de los principios de planificación recogidos en el Pacto Educativo. Buena muestra de ello es que en el nuevo Decreto de planificación se elimina en la práctica la participación de los agentes educativos en la planificación de los puestos escolares, anulando cualquier posibilidad de controlar la oferta de plazas públicas y privadas que realiza el Departamento de Educación.